Desde la Asociación Gremial de Abogados del Estado queremos compartir los principales lineamientos de la ECAE.
El flamante Director de la ECAE, Dr. Guido Leonardo Croxatto, presenta los principales lineamientos de esta nueva etapa que comienza en la institución. “Entendemos que ser un abogado o abogada eficaz del Estado supone mucho más que ser especialista en derecho administrativo”.

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Desde la Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) saludamos a las nuevas autoridades de la ECAE y a todo su equipo, deseándoles éxitos en su gestión.

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En su momento, esta entidad gremial formuló fuertes críticas a un régimen denominado “Alta Dirección Pública”, instrumentado mediante acta-acuerdo y homologado por Decreto 788/19 de la gestión saliente, cuya aplicación quedó suspendida por su similar 36/19 de las nuevas autoridades, medida esta última que recibió el beneplácito por parte de esta organización.
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Entre otros, uno de los agravios sostenidos tanto en sede judicial como frente a la opinión pública, consiste en una aviesa intención de crear una élite gerencial beneficiaria de un régimen de privilegio, una vergonzante garantía de estabilidad y escandalosas sumas de dinero como compensación en caso de discontinuidad soportadas por el erario público; es decir, por los contribuyentes.

Quedaban comprendidos dentro de este régimen todos aquellos agentes encuadrados en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), con exclusión de quienes ocupan cargos de naturaleza política.

En un contexto normativo diferente, la reticencia a presentar renuncias por parte de quienes ocupan posiciones políticas en Empresas del Estado y otros entes de la Administración Descentralizada difundida por estos días, se inscribe en la misma lógica que inspiró el acta-acuerdo: la permanencia en los cargos y el reclamo de insólitas “indemnizaciones” en caso de una disrupción laboral, con el agravante que se trata de cargos otorgados por razones políticas.

En el caso del acta-acuerdo aludida, una decisión acertada suspendió transitoriamente sus efectos; en los otros casos, debemos apelar a una actitud digna y racional de quienes deben entender que su misión ha concluido el 10 de diciembre último y que, más allá del encuadre normativo, se desempeñaron bajo lineamientos políticos que perdieron vigencia desde esa fecha.

En cualquier caso, lo que resulta necesario poner en claro es la lógica común que subyace en ambos supuestos: quienes se resisten a dejar sus puestos actúan en línea con lo que disponía el acta-acuerdo suspendida.

El martes 28 de enero del corriente, el señor Procurador del Tesoro de la Nación Dr. Carlos Alberto Zannini recibió a la representación de la Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) encabezada por su Secretario General Dr. Rubén Ramos, en lo que constituye un paso fundamental para el quehacer de nuestra entidad sindical.

En dicho encuentro, el funcionario se mostró altamente receptivo e interesado en conocer el estado de situación -tanto en lo institucional como en lo laboral- de los profesionales del derecho que prestan servicio en las distintas reparticiones públicas.

Dentro de un marco de diálogo abierto y cordial, hubo amplias coincidencias en lo atinente al rol que debe desempeñar el abogado estatal y a la necesidad de contar con servicios jurídicos de asesoramiento y representación en juicio eficientes en la defensa de los intereses públicos.

En esta línea, se abordaron temas tales como:

- Fortalecimiento Institucional: en apoyo y asistencia de las áreas jurídicas  estatales.

- Capacitación acorde a las funciones y responsabilidades, a través del amplio espacio de organizaciones académicas existentes.

- Jerarquización de las tareas desarrolladas por los colegas, con el consiguiente reconocimiento de su dedicación y esfuerzo puestos al servicio del Estado Nacional.

Con el compromiso de un diálogo permanente, la constitución de una agenda común y de mutua colaboración, siendo conscientes de la situación de emergencia por la que atraviesa nuestra Nación, manifestamos nuestro beneplácito por la reunión y la predisposición puesta de manifiesto por el Sr. Procurador del Tesoro de la Nación.

Bajo estas premisas, invitamos a los colegas a colaborar en el crecimiento de nuestra entidad, en la esperanza de un futuro mejor.

Mediante el Decreto 36/2019 se dispuso la suspensión por CIENTO OCHENTA  (180) días de su similar aludido en el epígrafe, convocando a su vez a la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, la que deberá reunirse en los próximos NOVENTA (90) días.

Mas allá de las restricciones presupuestarias que fundadamente se invocan, es importante señalar tres razones que se han tenido en la mira para la decisión: la interrupción y desigualdad en la carrera administrativa motivada en una desproporción de las escalas salariales, las condiciones menos exigentes para el ingreso que para otros niveles del sistema en vigor (SINEP) y el control de legalidad frente a eventuales irregularidades en el procedimiento administrativo que culminó con la suscripción de la medida cuyos efectos se suspenden.

El derecho a la carrera administrativa, indisolublemente ligado a las condiciones de ingreso a la misma, constituye uno de los pilares primigenios en los que se apoya un servicio civil eficaz y eficiente, brindando a sus dependientes la posibilidad de capacitarse para su promoción, aspirar a un horizonte de progreso económico y social; y sentirse parte integrante de una organización al servicio del bien común.

El resguardo de este derecho es una de las principales misiones de toda entidad sindical, por lo cual cualquier afectación al mismo debe ser advertido y rechazado: en otras palabras, constituye una de las razones fundamentales de la existencia de una representación gremial.

Y es precisamente en esta línea argumental donde se inscribe la acción judicial en curso, interpuesta por esta entidad sindical en el pasado mes de agosto, que considera seriamente agraviado tal derecho, en el entendimiento que merece su inmediata reparación por esa vía, sin abandonar la expectativa de que la cuestión encuentre una justa solución en la esfera ejecutiva de gobierno.

En un sentido más específico, la custodia del principio de legalidad de los actos estatales compete a sus abogados: junto a la defensa de los demás derechos, la razón de ser de nuestra organización es representarlos y asistirlos en todos los aspectos de su desarrollo profesional dentro de la organización estatal.

Sin perjuicio de las causas fundadas en razones de orden presupuestario, recibimos con beneplácito los demás motivos esgrimidos para la adopción de la medida comentada, y la convocatoria a una Comisión Negociadora a la que aspiramos ser invitados para expresar nuestra opinión en el marco de diálogo alentado por las nuevas autoridades gubernamentales.
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Desde la Jefatura de Gabinete sostuvieron que implica “una grave distorsión de los principios establecidos en relación con el empleo público"

El 27 de noviembre, Macri estableció por decreto un régimen que garantiza la estabilidad de cargos directivos nombrados en el Estado por un plazo de cinco años. La decisión se tomó a dos semanas de finalizar el mandato en acuerdo con una de las entidades sindicales representativas del sector. En esa oportunidad, tanto ATE como AGAE se opusieron a la medida.

El Gobierno suspenderá en las próximas horas el régimen de privilegio para funcionarios establecido recientemente por la administración del ex presidente Mauricio Macri. Así se lo confirmaron a la agencia Télam desde la Jefatura de Gabinete.

La secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, Ana Castellani, destacó este jueves que el Decreto 788 del año 2019, firmado por la administración saliente días antes de abandonar el gobierno, implica “una grave distorsión de los principios establecidos en relación con el Empleo Público, afectando derechos y deberes de empleados y funcionarios y atentando contra los recursos del Estado”.

EN ESE SENTIDO - El secretario general de La Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) RUBEN RAMOS, viene rechazando públicamente la medida que será suspendida en breve, la que fue objeto incluso de una impugnación ¨en la Justicia interpuesta por dicha organización gremial.¨
 
Entre los muchos cuestionamientos, se sostiene que el régimen aprobado por la administración anterior contiene requisitos de aptitud técnica y profesional “mucho más laxos que el vigente y un sistema salarial desproporcionadamente alto”, ha sido pergeñado con la obvia intención de facilitar la permanencia de los funcionarios designados discrecionalmente por el gobierno saliente".

La AGAE como siempre estará al lado de los abogados del Estado y los trabajadores.

En agosto de este año, denunciamos públicamente un acta que, bajo el ostentoso título “Alta Dirección Pública”, intenta consagrar un régimen de ingreso a cargos directivos con exigencias mucho más laxas de idoneidad técnica y profesional que el vigente, un sistema de remuneraciones desproporcionadamente alto con respecto al resto, y otro indemnizatorio inédito para el caso de pérdida de la función -con retención de categoría-, pergeñado con la obvia intención de facilitar la permanencia de los funcionarios designados discrecionalmente por el Gobierno saliente.

Este artero ataque a la carrera administrativa, no sólo la de nuestros colegas sino la del resto de los agentes públicos, urdido en connivencia con una organización gremial cuyo desempeño viene dando muestras de desvergüenza fue judicializada por esta organización gremial por afectar gravemente el “derecho a la carrera” consagrado en la Constitución Nacional y Tratados Internacionales.
Pues bien, mediante Decreto 788/2019, el Poder Ejecutivo Nacional acaba de homologar la referida acta-acuerdo, que instituye ese bochornoso régimen a partir del 1º de enero del año próximo.

Para entender mejor de qué se trata, es útil contextualizar lo descripto: el acuerdo fue firmado poco antes de las elecciones del 27 de octubre, mientras que su homologación se produce a dos semanas de la asunción de las nuevas autoridades de Gobierno. 

La pregunta obvia es: ¿hay algún límite moral en un proceso de transición de la entrega del poder? ¿Es aceptable éticamente que un gobierno disponga medidas de fondo como la comentada a muy escaso tiempo de su finalización?
Nosotros creemos que el límite es la prudencia: una virtud que por estos tiempos parece no abundar.

Tan detestable y malsano como la falta de prudencia es el “oportunismo” que por otro lado algunos practican con arrogancia habitual, suscribiendo acuerdos espurios que buscan beneficiar sus propios e inconfesables intereses, muy alejados de la defensa de los derechos de los agentes estatales.

Confiamos en la predisposición al diálogo que se anuncia para los tiempos que vienen por parte de las autoridades entrantes, dejando atrás decisiones tomadas a espaldas de los intereses de los trabajadores.

Por estas horas, circulan unas declaraciones de renuncia anticipada a exigir bono navideño ni de fin año para trabajadores estatales “…porque sabemos que la situación es muy difícil” se argumenta.

Frente a esta inusitada actitud, vale repasar algunos números: al 1º de octubre de este año, la inflación acumulada alcanza el 37,7% y los incrementos salariales percibidos desde el 1º de enero (ya abonados en su totalidad con los sueldos de septiembre) resultaron ser del 28%. La inflación interanual sept/18-sept/19 resultó ser del 53,5% contra 34% de aumentos salariales en el mismo período, arrojando una caída nominal del 19,5 %. No obstante, la pérdida del poder adquisitivo supera con creces el 20%, si tomamos en cuenta que, mientras los aumentos salariales no son acumulativos, el índice inflacionario impacta mes a mes.

No es un gran descubrimiento que la situación que debe enfrentar el gobierno entrante es “muy difícil”, como que también lo fueron las del gobierno saliente durante todo su mandato, debido a políticas económicas que despreciaron el trabajo como ordenador y movilizador social y que contaron con débil o nula resistencia por parte de cierta dirigencia sindical que dice representar los intereses de los agentes del Estado.

No se nos escapa que la situación social reviste ribetes en muchos casos dramáticos a niveles de subsistencia, a los que el gobierno entrante deberá atender con urgencia.

Pero también es cierto que dentro del colectivo estatal, la mayoría de los trabajadores perciben salarios por debajo del nivel de pobreza.

Una y otra cuestión corresponde abordarla a las autoridades gubernamentales, fijando las prioridades y adoptando las decisiones que estime necesarias en su rol de gobierno.

El papel de las organizaciones gremiales consiste, primariamente, en la defensa de un trabajo digno y de un salario asequible al bienestar en el marco de una mesa de diálogo.

Resignar de antemano posibles mejoras no contribuye al logro de esos objetivos primarios.
 

La Asociación Gremial de Abogados del Estado, invita a todos los profesionales del derecho al “1er Encuentro Académico: El rol del Abogado del Estado. La defensa de las políticas públicas en tiempos de crisis. ¿Nuevos desafíos?”, que se llevará a cabo el próximo 17 de octubre a las 18 hs en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).; Disertantes: Dr. Carlos Francisco Balbín, Dr. Joaquín Pedro Da Rocha, y la Dra. Viviana María Cristina Bonpland. Moderador: Dr. Gustavo E. Silva Tamayo. Actividad libre y gratuita, con previa inscripción en www.agae.org.ar/cursos

​Una comitiva de profesionales de la Asociación Gremial de Abogados del Estado, encabezada por el Secretario General el Dr. Rubén Ramos, se reunió con el Dr. Pedro Yanzi Ferreira, Vicerrector de la Universidad Nacional de Córdoba a fin de avanzar con el diseño de estudios de posgrado dirigido a los abogados que se desempeñan en la administración pública. 

Seguimos trabajando con las más altas casas de estudio; la delicada función de los Abogados del Estado requiere de la mayor excelencia académica. 

Por estas horas, la organización gremial que “hace posible” la creciente pauperización de los trabajadores estatales (UPCN), difundió uno de sus habituales “comunicados”, en el que vierte una serie de consideraciones relativas a la acción de amparo entablada por esta Asociación contra el llamado régimen de Alta Dirección Pública. Lo primero que llama la atención es el desprecio que el “comunicado” revela hacia el principio de democracia sindical, calificando como “pseudoorganización sindical” y “grupo de abogados” a esta Asociación Gremial que, tras muchos años de trabajo, esfuerzo, acciones judiciales y pese a la oposición –precisamente- de UPCN, obtuvo su debido reconocimiento y se encuentra inscripta como Asociación Sindical Simplemente Inscripta, mediante la Resolución del entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social N° 261/2018, conforme la normativa vigente.
También sorprende la malintencionada desinformación que difunde. La Acción de Amparo lejos de ser rechazada se encuentra en pleno trámite. Lo que el Juez de Primera Instancia del Trabajo N° 69, Dr. José Ignacio Ramonet, desestimó fue una medida cautelar solicitada al iniciarse el mencionado Amparo; desestimación que, además, no se encuentra firme porque fue oportunamente apelado por esta Asociación Gremial; por lo que la decisión final estará a cargo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
En otro orden, no creemos que sea esta Comunicación el ámbito adecuado para discutir los argumentos jurídicos y fácticos en los que la AGAE sustenta la Acción de Amparo. Será en sede judicial donde UPCN deberá hacer valer los falaces argumentos que enuncia en su “Comunicado”.
Pero es importante destacar que defendemos los principios democráticos y republicanos y por ello confiamos en la Justicia. Y si bien no podemos asegurar el éxito de nuestra acción –lo cual sería presuntuoso-, sentimos que existe un deber moral que impone entablar todas las batallas que sean necesarias en defensa de los derechos de los trabajadores estatales que representamos, aun cuando alguna de ellas pueda perderse. Pero no creemos que éste sea el caso.
Ahora bien, llama poderosamente la atención la virulencia del ataque a nuestra Organización Sindical y la encendida defensa que efectúa UPCN de la creación del régimen de Alta Dirección Pública el que, pese a lo que se asevera, no beneficia a los agentes del Estado Nacional, sino que establece un privilegio írrito sobre algunos de ellos. Sólo a título de ejemplo, veamos algunas previsiones:

1) El SINEP prevé -hasta hoy- determinados requisitos para acceder a los cargos directivos de la Administración Pública (concurso, antigüedad, capacitación, formación académica, antecedentes laborales, etc.). Estos requisitos son obviamente mayores que los que se le exige a cualquier otro empleado público que no desempeñará cargos de dirección.
Ese nuevo régimen de Alta Dirección Pública flexibiliza los requisitos existentes hasta hoy para el acceso a los más altos cargos de la Administración Pública, de modo que los nuevos Directivos tendrán que llenar menores recaudos que los agentes subordinados a ellos. Un sinsentido que, no sólo hace tabla rasa con cualquier principio de organización administrativa, sino que también lastima la lógica más elemental.
¿Eso, a quién beneficia? ¿A los trabajadores que con sobrada antigüedad y capacitación, formación y experiencia seguramente ganarían los concursos? Concursos, que dicho sea de paso, UPCN no se ha molestado en reclamarle al Gobierno jamás.
No. Evidentemente el nuevo régimen solo beneficia a quienes el actual Gobierno puso “a dedo” en los cargos Directivos que pasarán a ser Alta Dirección Pública. Designaciones hechas en forma transitoria (porque no se llamó a concurso) y por excepción (precisamente por no reunir los requisitos mínimos que la Ley exige para ser designado en tales cargos).
2) Esos funcionarios tendrán también un régimen salarial superior al del común de los agentes públicos, y en caso de no renovarse su designación pueden ser indemnizados (ningún otro empleado cuenta con ese privilegio) o incorporados SIN CONCURSO en forma directa a la más alta categoría del SINEP aun cuando no halla vacante financiada (otro privilegio exclusivo).
3) Sorprende aún más que UPCN se arrogue años de lucha para alejarse de normas “heterónomas” (aquellas impuestas por fuerzas ajenas a la voluntad del individuo: algo que le viene dado desde “afuera”). Cabe preguntarse si cuando firmaron, en los últimos años, los aumentos salariales escandalosos, siempre por el piso de la paritaria, muy por debajo de la inflación y recortando el poder adquisitivo de los trabajadores estatales (llevando a muchos de ellos por debajo de la línea de la pobreza…¿lo hicieron luchando contra las normas heterónomas? Creemos, a esta altura, que la respuesta es obvia. En lugar de abusar de su representación mayoritaria para crear artificiosos regímenes que privilegian a unos pocos “elegidos” y destruyen la carrera administrativa, UPCN debió o debe abocarse:

1) A interceder por los compañeros despedidos por este gobierno a partir del año 2016; 
2) A exigir a las autoridades la sustanciación de concursos de oposición y antecedentes en todas las reparticiones   estatales;
3) A impedir que los cargos de conducción sean cubiertos transitoriamente por personal que no reviste en la planta permanente, evitando su politización;
4) A negociar paritarias que recompongan la estrepitosa pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores estatales, producto de la política de este gobierno llevada a cabo con la complicidad de UPCN, que siempre acordó por el piso salarial

ABRAMOS LOS OJOS. 

​Aunque suene un tanto anacrónico en el siglo XXI, no encontramos otra denominación para la maniobra que pretende implementar el Gobierno Nacional con la complicidad de una organización gremial supuestamente defensora de los derechos de los trabajadores estatales.
Bajo el pomposo título “Alta Dirección Pública” han celebrado un acuerdo que busca instituir o, mejor dicho, intenta “blanquear” situaciones irregulares que desde hace tiempo se hallan presentes en la Administración Pública y que afectan gravemente el “derecho a la carrera administrativa” consagrado en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales.
Hasta hoy el acceso a cargos directivos de responsabilidad superior (con Función Ejecutiva) se halla regido por una normativa que impone requisitos profesionales en línea con dicha responsabilidad y una remuneración acorde, adoptando el “concurso” como principio para la selección del funcionario que habrá de ocupar el cargo.
Esta normativa viene siendo sistemáticamente vulnerada mediante designaciones “transitorias” -sin concurso y en la mayoría de los casos sin que la persona designada cumpla los requisitos de idoneidad mínimos legalmente exigidos- que han recaído en quienes sólo necesitaban un compromiso de lealtad con las autoridades políticas de turno.
Dicha situación se mantuvo inalterable hasta el presente, lo que implicó sucesivas designaciones “transitorias” en iguales condiciones.
¿ En qué consiste, entonces, la maniobra? Simplemente en la creación de una especie de escalafón privilegiado llamado “Alta Dirección Pública”, con exigencias mucho más laxas de idoneidad técnica y profesional; un sistema de remuneraciones desproporcionadamente alto con respecto al resto del personal; y otro indemnizatorio inédito para el caso de pérdida de la función -con retención de categoría-. Todo esto pergeñado con la obvia intención de facilitar la permanencia de los designados discrecionalmente: nada más parecido a una moderna “casta” administrativa, que rompe definitivamente la frontera entre Gobierno y Administración.
​Este artero ataque a la carrera administrativa, no sólo la de nuestros colegas sino la del resto de los agentes públicos, urdido en connivencia con una organización gremial cuyo desempeño viene dando muestras de desvergüenza bajo el slogan “la organización lo hace posible”, nos obliga a la denuncia y rechazo públicos de cualquier acción y decisión en el marco de lo descripto. Desde sus comienzos, esta Asociación sostiene como uno de sus pilares fundamentales el Derecho a la Carrera del empleado público y del abogado del Estado y la imprescindible necesidad de que los cargos (en especial los de mayor jerarquía) se cubran mediante procedimientos de selección que aseguren la designación de los mejores. Es por ello que, lejos de cruzarse de brazos, la AGAE ha interpuesto una Acción de Amparo solicitando se declare la nulidad e inconstitucionalidad de los ilegítimos acuerdos que denunciamos. Confiamos en que la Justicia actuará con la independencia que la sociedad toda hoy exige de sus Magistrados.
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El doctor Rubén Ramos en su carácter de Secretario General de la Asociación Gremial de Abogados del Estado, en el día de ayer interpuso ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 69 a cargo del Dr. José Ignacio RAMONET, una acción de amparo contra las modificaciones al Convenio de Trabajo N° 214/2006, que pretenden introducir UPCN y el actual gobierno, mediante actas del 6 de junio y 22 de julio próximos pasados, que sustrae de la  carrera administrativa prevista en el SINEP los cargos de mayor jerarquía.
Mediante dicha modificación se pretenden flexibilizar los requisitos de ingreso a la función pública en cargos de funciones ejecutivas con el objeto de beneficiar a los actuales funcionarios que fueron designados transitoriamente porque no cumplen con los requisitos mínimos para acceder al cargo creado, además, se intenta crear un sistema remunerativo especial para tales funcionarios transitorios, violando el principio de igualdad ante la ley, comprensivo de la igualdad de oportunidades y de trato (art 16 de la Constitución Nacional), sin sustento razonable alguno (art 28 CN) en detrimento de los agentes de Planta Permanente y en especial de los Abogados del Estado, que por su capacitación y experiencia cumplen con el actual estándar de rigurosidad que caracterizan los procesos de selección para el ingreso a la función pública y el acceso a los cargos de mayor jerarquía.
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Desde la Secretaría de la Juventud de la Asociación Gremial de Abogados del Estado manifestamos nuestro total apoyo al Proyecto de Ley que propicia declarar la Emergencia Pública en Materia Ocupacional por el término de ciento ochenta (180) días en todo el territorio nacional.

En momentos de grave crisis, resulta fundamental desde el punto de vista económico y social asegurar que los trabajadores mantengan sus puestos de trabajo.

Desde el punto de vista económico porque como queda claro con las pérdidas denunciadas por el gobierno en las jornadas de paro nacional, la riqueza de la nación la producimos los trabajadores. Cada trabajador que pierde su trabajo implica la pérdida de producción de riqueza para un país que la necesita.

Desde el punto de vista social, porque es a través del trabajo, pilar de inscripción en la estructura social, que los trabajadores accedemos a nuestros derechos fundamentales: el derecho a la salud, el derecho a una jubilación, derechos asignados para la protección de la familia, derecho a la alimentación, derecho a la vivienda. Sin trabajo los derechos más fundamentales están en profundo peligro.

Destacamos la importancia de proteger la función que cumplen todos los estatales, cuyo pilar es la voluntad de servicio, contribuyendo así a garantizar los derechos de toda la comunidad. Por nuestra parte, como Abogados del Estado, ponemos nuestro conocimiento y experiencia en aras de garantizar la legalidad y la calidad de la función pública.

Frente a medidas propias de un neoliberalismo individualista extremo, que busca destruir la solidaridad entre trabajadores, consideramos fundamental recordar que las relaciones del trabajo exceden ampliamente el interés privado de las partes y proyectan sus efectos sobre toda la nación.

Por eso,apoyamos el Proyecto de Ley promovido por legisladores de diferentes espacios políticos en donde se retoma la mejor tradición del derecho social argentino. Como lo expresó Norberto Oscar Centeno, ideólogo de la que hasta hoy es nuestra Ley de Contrato de Trabajo, “la prosperidad del país solo se puede lograr si, efectivamente, el trabajo en sus diversas formas goza de la protección de las leyes con el alcance del art. 14 bis constitucional”.
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El 23 de mayo se suscribió entre la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, representada por su Decano, Dr. Alberto j. BUERES y esta querida Asociación, representada por su Secretario General, Abogado Rubén RAMOS, un convenio de cooperación, complementación e intercambio académico para realizar actividades en tal sentido. Se creó una Unidad de Coordinación, integrada por miembros de dicha Facultad y de esta AGAE, quienes se abocarán a los aspectos operativos tendientes a poner en ejecución el convenio.

Se trata de una iniciativa trascendente para nuestra Asociación ya que representa la posibilidad de llevar a cabo un fructífero marco de desarrollo de acciones cuyo objetivo primordial, sin perjuicio de otros, es el de brindar Capacitación de excelencia a todos los compañeros profesionales que desarrollan sus tareas, bajo distintas modalidades, en la Administración Pública Nacional.

En efecto, el alto nivel de calidad de la enseñanza que se ofrecerá a nuestros afiliados, está garantizado por la presencia de la Facultad de Derecho de la UBA, la más prestigiosa casa de Altos Estudios de abogacía del país.
Es preocupación constante de esta Asociación, y hacia allí se dirigen sus esfuerzos, bregar por el interés y el bienestar de todos los abogados que en el día a día desempeñan la noble tarea de defender los intereses del Estado, que son los de toda la comunidad en el que éste se inserta. En ese sentido , entendemos que la capacitación es una herramienta fundamental para el progreso en la carrera administrativa.

Dentro del convenio suscripto nos encontramos trabajando en el diseño de una Diplomatura cuyos contenidos no existen actualmente en ninguna oferta de Posgrado (ni en Universidades Públicas, ni en Universidades Privadas).
Precisamente nos impulsa la idea de llenar ese vacío, a través de una carrera accesible –en términos no sólo dinerarios, sino también de disponibilidad horaria-, desde una visión publicista, con profesores alejados de aquellos enfoques privatistas que ven en el Estado el enemigo a vencer y con el cual lucrar.

Queremos alejarnos, en suma, de toda concepción que menosprecie el rol del Estado como gestor del interés público. Este proyecto académico transita en esa dirección.

Oportunamente mantendremos informados a los colegas de las novedades que se produzcan sobre este tema.

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​El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundió en estas horas la variación del índice de precios de marzo inflación- con respecto a febrero: 4,7 %. La variación interanual (mar’18/mar’19) es del 54,7 %. En el período interanual, los incrementos salariales totalizaron un 25%, desagregados de la siguiente manera: 3%; 6%; 6% (julagos-sept’18 respectivamente; 5% ene’19 y 5% feb’19. Todos calculados sobre los salarios del mes de junio de 2018. A cuánto asciende, entonces, la pérdida de poder adquisitivo? Al 1º de abril del corriente estamos ya en el 29,7%, frente al 26,3% registrada al 1º de marzo ppdo. Como venimos sosteniendo, las sumas fijas no bonificables otorgadas durante el año 2018 y la que se percibirá con los sueldos del mes de mayo -si bien suavizan la caída- no son otra cosa que paliativos transitorios que disfrazan el verdadero problema: la pérdida estrepitosa del poder de compra de las remuneraciones habituales, normales y permanentes: el mísero 3% a percibir con los salarios de junio son una muestra de ello. Como parte integrante del colectivo de agentes públicos, esta Asociación Gremial manifiesta su honda preocupación por la situación cada vez más apremiante de los trabajadores y sus familias, y exhorta a los responsables principales de las negociaciones paritarias a una profunda toma de conciencia, adoptando con urgencia todas las medidas que sean conducentes para detener esta verdadera confiscación que están sufriendo los salarios estatales.  

Compartimos nuestra historia; tradiciones; símbolos y la esperanza de que con nuestro esfuerzo lograremos un país mejor. FELIZ DIA DE LA PATRIA  25 de mayo de 2019 
 
Defendiendo al Estado Nacional, defendemos a todos los Argentinos 
 

​Aprovechamos esta ocasión para renovar nuestros objetivos y compromisos con todos los colegas que día a día se desempeñan en la Administración Pública. 
La inscripción lograda nos permitió trabajar para jerarquizar la figura y el rol del abogado del Estado: 
 
 Elegimos las primeras autoridades gremiales a través de comicios abiertos, 
 
  Formamos equipos de trabajo con excelentes profesiones especialistas en la materia para proyectar un escalafón profesional propio, 
 
 Procuramos una mayor capacitación profesional mediante acuerdos con distintas universidades que ofrecerán cursos y talleres de postgrado gratuitos para nuestros afiliados. 
 
 Comenzamos la Campaña de Afiliación, con una cuota sindical económica, atendiendo la difícil situación que estamos atravesando los abogados que nos desempeñamos en la Administración Pública. 
 
 Pusimos a disposición de los afiliados nuestras instalaciones en forma gratuita, donde pueden efectuar reuniones de trabajo, contando con el equipamiento necesario para el ejercicio de la actividad profesional. 
 
  Prestamos asesoramiento profesional en temas gremiales, laborales, de empleo público y toda cuestión vinculada con el derecho administrativo 
 
La tarea que emprendimos no es fácil, pero contamos con lo mejor del Estado Nacional: hombres y mujeres que a diario controlan los actos de gobierno y trabajan por su legalidad; y sabemos que con sus conocimientos, empuje y convicción todo es posible. 

La AGAE, invita a todos los abogados que se desempeñan en la Administración Pública, a la Presentación del Plan de Actividades – Periodo 2019- del Centro de Estudios sobre Transparencia y Lucha contra la Corrupción (CET), que se realizará el próximo martes 14 de mayo, a las 18 horas, en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. La presentación estará a cargo de prestigiosos académicos, y distintas autoridades de organizaciones no gubernamentales que tienen como objetivo común, propiciar políticas de transparencia y mecanismos efectivos para evitar hechos de corrupción.
La temática que se abordará es de particular interés para los Abogados del Estado, que deben contar con las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos que pueden presentarse al advertir situaciones de esa índole, al efectuar el control de legalidad previo de los actos administrativos; al instruir investigaciones administrativas; y/o al ejercer la defensa del Estado en juicio. 
​Recomendamos vivamente la asistencia al evento, convencidos de que los Abogados del Estado somos un pilar fundamental en la defensa de la legalidad y la transparencia en el ámbito de la Administración Pública Nacional.