 A 72 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos
Volvemos a decir: Un derecho humano no es algo que alguien te da, es algo que nadie te puede quitar Compartimos y reafirmamos: “… los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres; y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad.” “…Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.” #DefiendeLosDerechosHumanos en el #DíaDeLosDerechosHumanos y siempre.  Por la eliminación de la violencia contra las mujeres
. #PlandeCarreraC/PerspectivaDeGénero #ParidadEnCargosJerárquicos #FinTechodeCristal #AGAE  En tiempos de paz, los abogados civiles que se desempeñan en nuestras Fuerzas Armadas de tierra, mar y aire cumplen importantes tareas dictaminando en las más diversas temáticas propias de la Institución, como así su representación en juicio.
Pero no es precisamente ése el escenario al que -tanto nuestro país como el mundo- asiste en la actualidad: como se ha dicho con razón, estamos en una guerra silenciosa frente a un enemigo temible e invisible. Y ello requiere un esfuerzo extra, no sólo del personal con estado militar sino también de los colegas civiles, quienes día tras día ponen su máximo esfuerzo al servicio de nuestras FFAA, que vienen cumpliendo un rol protagónico en la estrategia y la logística de asistencia a la población desde el inicio de la pandemia COVID-19. Frente a la esperanza que abre la aparición del medicamento preventivo, no dudamos que redoblarán su dedicación en la etapa que se avecina, merecedora de un justo reconocimiento por parte de las autoridades gubernamentales, en conjunto con las demás áreas que conforman el Estado Nacional. Por ello, desde nuestra entidad gremial saludamos con el mayor afecto y admiración a los profesionales del derecho que, con su aporte, hacen posible el desarrollo de esas fundamentales misiones.  El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas viene cumpliendo un rol clave en el marco de la pandemia global provocada por el Covid-19.
Considerada como la mejor institución pública de ciencia en América Latina, desarrolló distintos test para medición de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 o para detectar la presencia del coronavirus, reorientando sus esfuerzos para brindar apoyo y soluciones al sistema sanitario. Todas estas acciones requieren el dictado de numerosos actos administrativos, con intervención previa de su cuerpo de abogados, quienes desde el inicio de las medidas de aislamiento, se entregaron con dedicación y esmero a las tareas, emitiendo dictámenes y elaborando proyectos de convenios por la vía del trabajo remoto, muchas veces poniendo a disposición del organismo sus propios elementos materiales. Desde esta entidad gremial, saludamos y felicitamos a los integrantes de ese servicio jurídico que -conjuntamente con el resto de los organismos de apoyo y los organismos sustantivos del Consejo- demostraron estar a la altura de las circunstancias en resguardo de las políticas públicas encaradas con motivo de la emergencia.  El concepto de trabajo decente fue lanzado en 1999 por la OIT y se refiere a la generación de oportunidades para que todos los hombres y mujeres accedan a un empleo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad, y dignidad humana.
El trabajo decente es esencial para el bienestar de las personas. Además de generar un ingreso, el trabajo facilita el progreso social y económico, y fortalece a las personas, a sus familias y comunidades. Pero todos estos avances dependen de que el trabajo sea trabajo decente, ya que el trabajo decente sintetiza las aspiraciones de los individuos durante su vida laboral. Se entiende por trabajo decente, el que ofrece oportunidades para que los hombres y mujeres puedan desempeñar un trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana, en el que los derechos son protegidos y que cuenta con remuneración adecuada y protección social. Promover el empleo, garantizar los derechos en el trabajo, extender la protección social y fomentar el diálogo social son los cuatro pilares del Programa de trabajo decente de la OIT, con la igualdad de género como un tema transversal. Estos son factores indispensables para hacer avanzar toda la agenda de desarrollo sostenible. El Objetivo 8 de ODS Agenda 2030 tiene como finalidad “promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”.
Frente a un error de información solicitamos inmediata retractación  En su emisión del domingo 4 de octubre del corriente, en el programa “Periodismo para Todos” que se transmite por el Canal 13 de televisión, se vinculó al señor Roberto Perdía a esta Asociación Gremial, en el marco de una investigación relativa a la toma de terrenos en la localidad de Guernica.
En primer lugar, cabe aclarar que el señor Roberto Perdía no ha pertenecido ni pertenece a esta entidad sindical, que se encuentra inscripta en el Registro de Asociaciones Sindicales bajo el Nº 3097 como asociación gremial de primer grado reconocida mediante Resolución 261 del 21 de mayo de 2017 del entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En segundo lugar, es menester dejar sentado enfáticamente que los principios, los objetivos y las actividades que lleva a cabo la AGAE se encuentran referidos a la defensa de los intereses de los abogados que cumplen funciones para el Estado Nacional y al absoluto respeto por la legalidad, por lo que ni siquiera remotamente puede vincularse a la AGAE con el desarrollo de las acciones de la naturaleza que son objeto de esa investigación periodística. En orden a lo expresado, se solicita la inmediata retractación de la información difundida por parte del medio que le diera origen y de aquellos que la replicaron, en el mismo espacio en el que se le dio difusión, con la rectificación de los datos erróneos, las aclaraciones pertinentes y la lectura completa del presente comunicado. Una característica nefasta para los trabajadores  Hace unos días, voceros calificados de la administración gubernamental afirmaron que durante la gestión saliente, el poder adquisitivo del salario estatal sufrió un deterioro superior al 40%.
En lo que va del año, según estadísticas oficiales, la inflación acumulada alcanzó un 18,9 %, sin que los salarios registren mejora alguna que permita recomponer su poder de compra: en palabras sencillas, esto significa que una cantidad muy importante de trabajadores se está sumando a la percepción de remuneraciones por debajo de la línea de pobreza. Este panorama es indiscutible porque se apoya en datos de la realidad, que provienen de fuentes oficiales. Ahora bien, esa descripción no constituye un descubrimiento original: cualquier persona informada puede arribar a conclusiones similares tan sólo recabando esos datos y realizando cálculos elementales. Pero parece que no ocurre lo mismo, desde hace tiempo ya, con aquellos que detentan formalmente una representación sindical en la mesa de negociaciones paritarias, acordando una vez más una “mejora” escandalosa del 7%. A la clásica ya connivencia con los poderes de turno, debemos sumar entonces una alarmante impericia negociadora. La connivencia que, como organización sindical, venimos sosteniendo invariablemente a través del tiempo, habilita prácticas clientelares dentro de la organización estatal apoyadas en una estructura de poder sindical que permite cooptar adherentes bajo falsas promesas, a la vez que promueven y sostienen agentes de sus propias filas en posiciones expectantes con absoluta carencia de cualquier sentido de equidad, a cambio de posturas complacientes con la contraparte patronal de turno. Estas prácticas venían solapadas detrás de supuestas mejoras que no eran otra cosa que espejismos para esconder una realidad subyacente espantosa en términos de calidad de vida asequible para el trabajador, pero en esta oportunidad salió a relucir otro elemento que pone a la luz esas maniobras: su propia impericia. Nadie puede sostener la dignidad de este acuerdo paritario.  Una muestra de profesionalismo
Desde esta Asociación Gremial, siempre se ha sostenido la importancia de la labor desarrollada por los servicios jurídicos de los distintos organismos y entes que conforman la Administración Pública Centralizada y Descentralizada, en orden -entre otras cuestiones- a la protección de los recursos económicos que administra el Estado Nacional, que son los de la comunidad en su conjunto. En tal sentido, cualquier litigio de contenido pecuniario en el que resulte perdidosa la representación estatal a cargo de sus letrados tiene un impacto negativo sobre los contribuyentes, que en última instancia son los que soportan la carga mediante el pago de tributos. En consecuencia, y por carácter transitivo, la defensa técnica del Estado por parte de quienes ejercen la abogacía pública constituye una herramienta idónea para evitar perjuicios en la economía familiar: pocas veces o quizás nunca esta circunstancia es tenida en cuenta. Los abogados con desempeño en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo tienen justamente como una de sus misiones principales la representación de la entidad frente a demandas de alto contenido patrimonial: su éxito depende en buena medida de su conocimiento, pericia y dedicación. La profesionalidad demostrada por estos colegas, que viene evitando perjuicios económicos graves para el Estado Nacional, frente a planteos judiciales que demandan ingentes sumas de dinero, merece nuestro más sincero reconocimiento, que esperamos sea compartido por los responsables de la conducción de la entidad.  Que los salarios de los trabajadores del Sector Público vienen perdiendo poder adquisitivo es un hecho innegable.
Que el proceso inflacionario continúa su marcha, continuando la caída de gran parte de los trabajadores estatales por debajo de la línea de pobreza es otro hecho innegable. Por lo tanto, un reclamo de recomposición salarial deviene justo y necesario: la actual coyuntura lo impone. Pero no podemos quedarnos con esta visión estática de la realidad sin revisar algunas de sus causas en el mediano plazo del pasado, que repercuten significativamente en el presente. Veamos. Durante el período 2015-2019, los salarios nominales de los agentes públicos perdieron -en promedio- entre un 25 y 30%, medidos contra inflación. El efecto devastador de una política económica mezquina, encontró durante ese período en cierta dirigencia sindical una actitud pasiva, consintiendo el deterioro feroz de sus condiciones laborales, desde las remuneraciones hasta la precariedad de su relación de empleo y suscribiendo acuerdos salariales bochornosos a la baja que ofendieron y subestimaron la inteligencia del trabajador estatal. El papel de las organizaciones gremiales consiste, primariamente, en la defensa de un trabajo digno y de un salario asequible al bienestar en el marco de una mesa de diálogo, pero sin sumisión. Conjuntamente con los demás factores de poder, son actores fundamentales en el escenario político y sobre sus dirigentes recae en todo momento la responsabilidad de velar por el destino de miles de familias, cuyo único sustento es el fruto de su trabajo. Como Entidad Gremial no podemos menos que coincidir con la necesidad de una reestructuración salarial urgente para los agentes públicos, pero sin hacer tabla rasa del pasado.  El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) cumple una misión social relevante, con impacto no sólo en el sector productivo sino también en los consumidores.
La sanidad, calidad e inocuidad de los alimentos de origen animal y vegetal constituyen uno de los pilares sobre los que se asienta la seguridad alimentaria, objetivo primordial para mitigar los efectos de la pandemia global. En otro plano, su contribución a la economía nacional es de capital importancia para el comercio interno y externo, siendo el sector alimentario tanto en su producción primaria como industrial uno de los dinamizadores de la actividad económica. En este contexto de emergencia, el servicio sanitario ha mantenido plena actividad desde su inicio y ello fue posible gracias a la destacada labor -entre otras- de los abogados integrantes de su cuerpo jurídico, que acompañaron la gestión por vía del trabajo remoto, con inmejorables indicadores de eficiencia para un cúmulo de tareas superlativo. Desde esta entidad gremial, saludamos y agradecemos el desempeño de los profesionales letrados, merecedor del más sincero reconocimiento.  La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) tiene a su cargo una de las misiones más importantes de la estructura estatal: su relevancia radica en la salvaguarda de los sectores menos aventajados de la sociedad, que requieren su permanente atención.
En estos tiempos de emergencia sanitaria y restricción de actividades, su presencia reviste capital importancia para ir en auxilio de los sectores más vulnerables. Para llevar a cabo este cometido, el servicio que prestan sus abogados resulta entonces imprescindible para su funcionamiento. La actitud de estos profesionales, sean litigantes o dictaminantes, para poner a disposición su fuerza de trabajo en modalidad remota o presencial según sean las necesidades del servicio, constituye todo un ejemplo de vocación y solidaridad para con la comunidad, no muchas veces reconocida en su justa medida. La eficacia demostrada en el modo de trabajo a distancia constituye una experiencia valiosa a tener en cuenta en el futuro, ya que el incremento del cúmulo de tareas en nada afectó el desenvolvimiento del organismo gracias a la respuesta, por otra parte esperada, de los letrados de esa Administración Nacional. Desde esta asociación gremial, expresamos nuestra gratitud y sincero reconocimiento a los profesionales abogados porque, a pesar de los cambios y las dificultades surgidas a causa de la emergencia, toda la actividad jurídica de la entidad se encuentra en pleno funcionamiento.  Desde la AGAE queremos expresar nuestro agradecimiento al personal del Ministerio de Economía de la Nación y, en particular a sus abogadas y abogados –colectivo que representa nuestra asociación- quienes, junto con las demás áreas técnicas, contribuyeron a la realización de importantes logros brindando su dedicación, capacidad y creatividad, frente a condiciones, muy arduas desde su inicio, luego agravadas por la pandemia del COVID-19.
Valoramos, el esfuerzo de un trabajo en equipo, altamente especializado, que sabemos, no interrumpido por descanso ni feriados, tantas veces sin horario, y signado por la urgencia para resolver, concretar e impulsar trámites, proyectos de actos, dictámenes, necesarios, para concretizar las políticas públicas, en las que subyacen los derechos y las necesidades de la ciudadanía. Siempre conscientes de que el mayor esfuerzo vale la pena cuando lo que se debe resguardar es un mejor futuro para el país. Aplaudimos la restauración de la deuda pública a límites sustentables, reconocida como política de Estado por la totalidad del arco político (Ley N° 27.544), que implicará, según los acuerdos en ciernes, un ahorro en términos de intereses de U$D 42.500 millones, a la vez que un alivio para los años venideros que permitirá dar lugar a la reconstrucción productiva y del tejido social, así como también la Ley de Canje de títulos de ley Nacional (Ley N° 27556), normas ambas que constituyen una condición necesaria para transitar el sendero de crecimiento que es voluntad de todos los argentinos comenzar a recorrer. Advertimos también, la calidad de los aportes profesionales realizados, en la redacción, análisis y dictamen de una profusa cantidad de proyectos de actos administrativos complejos, en materia tributaria, presupuestaria, financiera, vivienda y hábitat; desarrollo social; seguridad alimentaria; salud, etc, a la vez que se atendió, con excelentes resultados la defensa del Estado en juicio. El equipo de Abogad@s del Mecon, es un valioso ejemplo del compromiso que distingue a los Abogados del Estado en el cumplimiento de los objetivos, transversales a la Administración Pública Nacional. Su dedicación, sin dudas, contribuye a la defensa del erario y a paliar los efectos de la emergencia en materia sanitaria, económico-financiera y social. Por el trabajo realizado y que continúan realizando, muchas gracias.  En el marco del ciclo de charlas virtuales "Construyendo Diálogo y Consenso" que organiza la JSN La Juventud Sindical de la AGAE, su Secretario General Rubén Ramos y distintas Organizaciones Gremiales, analizarón junto con la vice gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario la economía post-pandemia y los desafíos del futuro del trabajo Magario se refirió al avance de la automatización y las tecnologías en el mundo del trabajo “Los cambios lo unico que no pueden permitir es que quede un solo trabajador afuera y que se pierdan los derechos conquistados hasta ahora. Los cambios no pueden significar que se suplante la mano de obra de los trabajadores por tecnología, donde se prescinda de trabajadores y del salario digno de cada uno” También Magario analizó la situación sanitaria de la Provincia de Buenos Aires hoy "Esta cuarentena que tan cuestionada está, hoy permitió que no colapse el sistema sanitario y que hayamos podidoreconstruir un sistema público que se suma al sistema que vienen llevando las obras sociales de los sindicatos y las clínicas privadas que sostienen instituciones como el PAMI y el IOMA", sostuvo. OTRO FALLO A FAVOR DE LA AGAE EN LA DEFENSA DEL ABOGADO ESTATAL  En un fallo reciente, el Sr. Juez del Juzgado Nacional de 1ra. Instancia del Trabajo Nº 69, hizo lugar a una medida innovativa ordenando la reinstalación en su puesto de trabajo en la ANSES -Bahía Blanca-, de nuestro colega y representante de esta Asociación Gremial ante las autoridades de esa Administración Nacional. Entre las consideraciones que V.S. destaca en su decisorio, resalta el valor que le otorga a la protección del trabajador que cuenta con tutela sindical para el desempeño de su accionar en defensa de los intereses laborales, invocando sana doctrina que eleva a un rango superior a las leyes diversos convenios adoptados por la Organización Internacional del Trabajo y ratificados por nuestro país, entre los que merece destacarse el Convenio 87 sobre libertad sindical y la protección de derecho de sindicación que adquiere jerarquía constitucional en virtud de lo establecido por el art. 75 inc. 22 C.N. Como lo venimos sosteniendo desde su creación, esta organización gremial cuenta como objetivo primigenio la asunción de las particulares problemáticas por las que atraviesan los abogados estatales y su defensa ante las arbitrariedades que los afecten: no hay nada que se encuentre por encima de este claro objetivo. Celebramos el decisorio comentado, que se enmarca en nuestra propia concepción de protección del trabajo y del accionar sindical, siendo conscientes que sólo la participación activa y el compromiso mancomunado pueden hacer posible una realidad más justa. Debate académico internacional organizado por la OIT  La Dra. Vanesa Florida de la Juventud de AGAE, participó del debate académico internacional organizado por la OIT donde se expuso el incremento de la vulnerabilidad de las mujeres a consecuencia del trabajo a distancia. Vicisitudes no reguladas, desde el ambiente apropiado tecnológico, trabajo remoto coordinando tareas de cuidado y la falta de garantías para aquella mujeres en convivencia con los hombres violentos. Fue un debate muy interesante donde platea la falta de regulación para el trabajo a distancias de situaciones no contempladas (no solo por si están dadas las condiciones técnicas de cada trabajador) sino también por la situación particular de cada mujer que tiene que hace trabajo remoto, educación remota para niños y tareas de cuidado.  FUNDACION EFORO Federico Recagno, presidente de Éforo y secretario General de APOC Mesa Nacional, consideró central que el Estado empiece a tener un desarrollo más "inteligente" y que incorpore tecnología. Por su parte, la coordinadora de Teletrabajo del Ministerio de Trabajo nacional reconoció que es un contexto "poco ideal" para su aplicación.  La Fundación Éforo organizó una charla sobre el teletrabajo y su aplicación en el sector público. El secretario general de APOC Mesa Nacional y presidente de Éforo, Federico Recagno, hizo hincapié en la necesidad de "discutir qué herramientas tecnológicas incorporar y exigirlas", pero también marcó la importancia de "redefinir al Estado de una buena vez, que sea inteligente para poder complementar el trabajo presencial con el teletrabajo". El presidente de la Éforo también hizo foco en las brechas estructurales que tiene el país y que, si no se lo controla, el teletrabajo puede ampliar. Por ejemplo, hoy los puestos directivos son los más capacitados para pasar a esta modalidad y “el 70% de este grupo son hombres”. “Es probable que exista una desigualdad de género también en el trabajo remoto”, indicó. Una de las oradoras fue Carla Pitiot, diputada nacional mandato cumplido y secretaria de Igualdad de Oportunidades y Trato de la Seccional Nación de APOC, quien explicó que “hay un Estado que, más allá de sus debilidades, tuvo que revalorizarse, siguió funcionando y está dando respuesta”. “El teletrabajo es una modalidad que no vino para quedarse de la manera que se está transitando”, reflexionó Pitiot. Para la Diputada (MC) es más probable que en el futuro cercano, algunas labores se sigan haciendo a distancia ya que “al trabajador se le facilitan tareas, es novedoso y es conveniente para poder realizarlos de forma parcial”.  Por su parte, Veronica Funes, coordinadora de Teletrabajo del Ministerio de Trabajo de la Nación, explicó que “es una modalidad no tan difundida y siempre relegada para el futuro”. “Tenemos una oportunidad muy grande porque en la actualidad lo practica una franja etaria muy chica, dos o tres veces por semana”.
Para la funcionaria, el coronavirus “hizo tener una emergencia distinta” que confluyó en una “condición poco ideal para implementar el teletrabajo” ya que "faltaron análisis previos, digitalización y hay escasez de infraestructura”. La diputada nacional, Dolores Martínez, en su exposición, consideró que la ley de teletrabajo discutida en el Congreso nacional comenzó a saldar algunas cuentas: la definición como modalidad, la igualdad de los derechos de las personas que trabajan a la distancia y las que no y la incorporación de aspectos específicos para que el teletrabajo sea una cuestión digna. Para Martínez, “hay una reingeniería del mundo laboral que puede traer riesgos, tanto en el sector público como en el privado" y que por eso "al teletrabajo se lo tiene que pensar estratégicamente como una política pública”. Sin embargo, la diputada reconoció que en la Administración Pública no es fácil de aplicarlo porque hay distintos niveles: administraciones provinciales, municipales, entes autárquicos, organismos descentralizados. “Hay que estandarizar ciertas herramientas para los tres poderes del Estado porque la forma de gestionar cambia radicalmente entre uno y otro”. En último turno, Rubén Ramos, secretario General de Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) explicó que la introducción del expediente electrónico en el Estado “fue un paso muy importante que llevó mucho tiempo y hasta el día de hoy todavía hay interrogantes”. Pero que a pesar de las complicaciones, “por este mecanismo se puede seguir trabajando a distancia”, remarcó. “Tenemos que ir a un sistema dual en el que podamos combinar trabajos a distancias y presenciales y la pandemia aceleró esos los tiempos” concluyó Ramos. NOTA #SonidoGremial : Por Rubén Ramos, secretario general de la Asociación Gremial de Abogado del Estado.  La pandemia mundial ha provocado un notorio optimismo en aquellos que reclaman una reconfiguración del Estado, lo que equivale a redefinir sus roles hacia políticas proactivas en áreas como la salud, la educación, el desarrollo social y otras que se consideran estratégicas para construir una sociedad más justa y equitativa.
Guiados por ese optimismo, muchos consideran que tales transformaciones constituirán un hecho inexorable y natural, sin advertir que esos objetivos y reivindicaciones no serán posibles sin una labor militante y perseverante del campo popular en su conjunto. Durante los últimos cuarenta años la economía capitalista fue desarrollándose bajo paradigmas tales como Estado mínimo, sociedad de mercado y meritocracia que, junto al desmantelamiento sistemático del llamado Estado de Bienestar, provocó una desigualdad en la distribución del ingreso y una concentración de la riqueza como nunca antes se había visto desde la implantación de ese modelo económico. La riqueza concentrada constituye hoy el soporte del poder político acumulado por los representantes de grandes corporaciones que enfrentan y condicionan a los gobiernos, convirtiendo al sistema democrático basado en la soberanía del pueblo en un valor meramente simbólico y vacío de contenido. Bajo el lema recurrente de la eficiencia, muchas de las actividades que prestaba el Estado de Bienestar pasaron a manos privadas, creando un entramado de empresas comerciales, industriales y financieras de tal magnitud cuyo poder político les permite contar con funcionarios, legisladores, medios y hasta jueces propios, que actúan a su servicio y en su resguardo. La pandemia sirvió, por ejemplo, para desenmascarar los verdaderos intereses de la salud privada, dejando al descubierto su ineficacia a la hora de asistir en la emergencia. En nuestro país, las organizaciones sindicales, con sus luces y sus sombras, han demostrado ser capaces de brindar a través de sus obras sociales servicios sanitarios a la altura de las demandas de sus trabajadores, por la simple razón que no las guía el lucro ni consideran a la salud como una mercancía. Pero este solo hecho no alcanza para pretender el cambio que signifique un retorno inevitable a los roles que otrora desempeñaba el Estado: es una muestra que puede señalar el camino, pero para alcanzar tales cometidos será necesario enfrentar y quebrar poderosas resistencias de los sectores interesados, que cuentan con una ingente gama de recursos económicos, políticos y mediáticos. También debemos ser conscientes que el reclamo de un “Estado presente” tampoco implica un regreso irrestricto a viejas fórmulas del pasado, pero sí a nuevas formas de presencia estatal recuperando en primer término su poder regulatorio y de control, tristemente avasallados durante el avance de un capitalismo desprovisto de toda humanidad. Tampoco esos poderes de regulación y control deben ser privativos de un Estado hermético y plagado de tecnócratas que se arrogan soluciones en nombre del bien común, como ocurriera en el pasado, sino abiertos a la participación popular con representación de los intereses comunitarios que cuenten con acceso a información pública y precisa. Por eso, los trabajadores agremiados, las pequeñas y medianas empresas agropecuarias, industriales y comerciales nucleadas bajo sus respectivas cámaras, así como las demás organizaciones libres del pueblo, están llamadas a encabezar la contienda en la búsqueda del restablecimiento de un nuevo equilibrio equitativo entre los factores de la producción y el respeto por el trabajo humano y digno, desterrando lo que el Papa Francisco caracterizó como la “cultura del descarte”.  La #AGAE Siempre con vos!
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