En el marco del ciclo de charlas virtuales "Construyendo Diálogo y Consenso" que organiza la JSN

La Juventud Sindical de la AGAE, su Secretario General Rubén Ramos y distintas Organizaciones Gremiales,  analizarón junto con la vice gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario la economía post-pandemia y los desafíos del futuro del trabajo
 
Magario se refirió al avance de la automatización y las tecnologías en el mundo del trabajo “Los cambios lo unico que no pueden permitir es que quede un solo trabajador afuera y que se pierdan los derechos conquistados hasta ahora. Los cambios no pueden significar que se suplante la mano de obra de los trabajadores por tecnología, donde se prescinda de trabajadores y del salario digno de cada uno”

También Magario analizó la situación sanitaria de la Provincia de Buenos Aires hoy "Esta cuarentena que tan cuestionada está, hoy permitió que no colapse el sistema sanitario y que hayamos  podidoreconstruir un sistema  público que se suma al sistema que vienen llevando las obras sociales de los sindicatos y las clínicas privadas que sostienen instituciones como el PAMI y el IOMA", sostuvo.
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En un fallo reciente, el Sr. Juez del Juzgado Nacional de 1ra. Instancia del Trabajo Nº 69, hizo lugar a una medida innovativa ordenando la reinstalación en su puesto de trabajo en la ANSES -Bahía Blanca-, de nuestro colega y representante de esta Asociación Gremial ante las autoridades de esa Administración Nacional.

Entre las consideraciones que V.S. destaca en su decisorio, resalta el valor que le otorga a la protección del trabajador que cuenta con tutela sindical para el desempeño de su accionar en defensa de los intereses laborales, invocando sana doctrina que eleva a un rango superior a las leyes diversos convenios adoptados por la Organización Internacional del Trabajo y ratificados por nuestro país, entre los que merece destacarse el Convenio 87 sobre libertad sindical y la protección de derecho de sindicación que adquiere jerarquía constitucional en virtud de lo establecido por el art. 75 inc. 22 C.N.

Como lo venimos sosteniendo desde su creación, esta organización gremial cuenta como objetivo primigenio la asunción de las particulares problemáticas por las que atraviesan los abogados estatales y su defensa ante las arbitrariedades que los afecten: no hay nada que se encuentre por encima de este claro objetivo.
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Celebramos el decisorio comentado, que se enmarca en nuestra propia concepción de protección del trabajo y del accionar sindical, siendo conscientes que sólo la participación activa y el compromiso mancomunado pueden hacer posible una realidad más justa. 

La Dra. Vanesa Florida de la Juventud de AGAE, participó del debate académico internacional organizado por la OIT donde se expuso el incremento de la vulnerabilidad de las mujeres a consecuencia del trabajo a distancia. Vicisitudes no reguladas, desde el ambiente apropiado tecnológico, trabajo remoto coordinando tareas de cuidado y la falta de garantías para aquella mujeres en convivencia con los hombres violentos.
 
Fue un debate muy interesante donde platea la falta de regulación para el trabajo a distancias de situaciones no contempladas (no solo por si están dadas las condiciones técnicas de cada trabajador) sino también por la situación particular de cada mujer que tiene que hace trabajo remoto, educación remota para niños y tareas de cuidado. 

Federico Recagno, presidente de Éforo y secretario General de APOC Mesa Nacional, consideró central que el Estado empiece a tener un desarrollo más "inteligente" y que incorpore tecnología. Por su parte, la coordinadora de Teletrabajo del Ministerio de Trabajo nacional reconoció que es un contexto "poco ideal" para su aplicación.

La Fundación Éforo organizó una charla sobre el teletrabajo y su aplicación en el sector público. El secretario general de APOC Mesa Nacional y presidente de Éforo, Federico Recagno, hizo hincapié en la necesidad de "discutir qué herramientas tecnológicas incorporar y exigirlas", pero también marcó la importancia de "redefinir al Estado de una buena vez, que sea inteligente para poder complementar el trabajo presencial con el teletrabajo".
El presidente de la Éforo también hizo foco en las brechas estructurales que tiene el país y que, si no se lo controla, el teletrabajo puede ampliar. Por ejemplo, hoy los puestos directivos son los más capacitados para pasar a esta modalidad y “el 70% de este grupo son hombres”. “Es probable que exista una desigualdad de género también en el trabajo remoto”, indicó.  
Una de las oradoras fue Carla Pitiot, diputada nacional mandato cumplido y secretaria de Igualdad de Oportunidades y Trato de la Seccional Nación de APOC, quien explicó que “hay un Estado que, más allá de sus debilidades, tuvo que revalorizarse, siguió funcionando y está dando respuesta”. 
“El teletrabajo es una modalidad que no vino para quedarse de la manera que se está transitando”, reflexionó Pitiot. Para la Diputada (MC) es más probable que en el futuro cercano, algunas labores se sigan haciendo a distancia ya que “al trabajador se le facilitan tareas, es novedoso y es conveniente para poder realizarlos de forma parcial”.

Por su parte, Veronica Funes, coordinadora de Teletrabajo del Ministerio de Trabajo de la Nación, explicó que “es una modalidad no tan difundida y siempre relegada para el futuro”. “Tenemos una oportunidad muy grande porque en la actualidad lo practica una franja etaria muy chica, dos o tres veces por semana”. 
Para la funcionaria, el coronavirus “hizo tener una emergencia distinta” que confluyó en una “condición poco ideal para implementar el teletrabajo” ya que "faltaron análisis previos, digitalización y hay escasez de infraestructura”. 
La diputada nacional, Dolores Martínez, en su exposición, consideró que la ley de teletrabajo discutida en el Congreso nacional comenzó a saldar algunas cuentas: la definición como modalidad, la igualdad de los derechos de las personas que trabajan a la distancia y las que no y la incorporación de aspectos específicos para que el teletrabajo sea una cuestión digna.
Para Martínez, “hay una reingeniería del mundo laboral que puede traer riesgos, tanto en el sector público como en el privado" y que por eso "al teletrabajo se lo tiene que pensar estratégicamente como una política pública”. Sin embargo, la diputada reconoció que en la Administración Pública no es fácil de aplicarlo porque hay distintos niveles: administraciones provinciales, municipales, entes autárquicos, organismos descentralizados. “Hay que estandarizar ciertas herramientas para los tres poderes del Estado porque la forma de gestionar cambia radicalmente entre uno y otro”. 
En último turno, Rubén Ramos, secretario General de Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) explicó que la introducción del expediente electrónico en el Estado “fue un paso muy importante que llevó mucho tiempo y hasta el día de hoy todavía hay interrogantes”. Pero que a pesar de las complicaciones, “por este mecanismo se puede seguir trabajando a distancia”, remarcó. 
“Tenemos que ir a un sistema dual en el que podamos combinar trabajos a distancias y presenciales y la pandemia aceleró esos los tiempos” concluyó Ramos.

NOTA #SonidoGremial : Por Rubén Ramos, secretario general de la Asociación Gremial de Abogado del Estado.

La pandemia mundial ha provocado un notorio optimismo en aquellos que reclaman una reconfiguración del Estado, lo que equivale a redefinir sus roles hacia políticas proactivas en áreas como la salud, la educación, el desarrollo social y otras que se consideran estratégicas para construir una sociedad más justa y equitativa.
Guiados por ese optimismo, muchos consideran que tales transformaciones constituirán un hecho inexorable y natural, sin advertir que esos objetivos y reivindicaciones no serán posibles sin una labor militante y perseverante del campo popular en su conjunto.
 
Durante los últimos cuarenta años la economía capitalista fue desarrollándose bajo paradigmas tales como Estado mínimo, sociedad de mercado y meritocracia que, junto al desmantelamiento sistemático del llamado Estado de Bienestar, provocó una desigualdad en la distribución del ingreso y una concentración de la riqueza como nunca antes se había visto desde la implantación de ese modelo económico.
La riqueza concentrada constituye hoy el soporte del poder político acumulado por los representantes de grandes corporaciones que enfrentan y condicionan a los gobiernos, convirtiendo al sistema democrático basado en la soberanía del pueblo en un valor meramente simbólico y vacío de contenido.
Bajo el lema recurrente de la eficiencia, muchas de las actividades que prestaba el Estado de Bienestar pasaron a manos privadas, creando un entramado de empresas comerciales, industriales y financieras de tal magnitud cuyo poder político les permite contar con funcionarios, legisladores, medios y hasta jueces propios, que actúan a su servicio y en su resguardo.
La pandemia sirvió, por ejemplo, para desenmascarar los verdaderos intereses de la salud privada, dejando al descubierto su ineficacia a la hora de asistir en la emergencia.
 
En nuestro país, las organizaciones sindicales, con sus luces y sus sombras, han demostrado ser capaces de brindar a través de sus obras sociales servicios sanitarios a la altura de las demandas de sus trabajadores, por la simple razón que no las guía el lucro ni consideran a la salud como una mercancía.
Pero este solo hecho no alcanza para pretender el cambio que signifique un retorno inevitable a los roles que otrora desempeñaba el Estado: es una muestra que puede señalar el camino, pero para alcanzar tales cometidos será necesario enfrentar y quebrar poderosas resistencias de los sectores interesados, que cuentan con una ingente gama de recursos económicos, políticos y mediáticos.
También debemos ser conscientes que el reclamo de un “Estado presente” tampoco implica un regreso irrestricto a viejas fórmulas del pasado, pero sí a nuevas formas de presencia estatal recuperando en primer término su poder regulatorio y de control, tristemente avasallados durante el avance de un capitalismo desprovisto de toda humanidad.
 
Tampoco esos poderes de regulación y control deben ser privativos de un Estado hermético y plagado de tecnócratas que se arrogan soluciones en nombre del bien común, como ocurriera en el pasado, sino abiertos a la participación popular con representación de los intereses comunitarios que cuenten con acceso a información pública y precisa.
Por eso, los trabajadores agremiados, las pequeñas y medianas empresas agropecuarias, industriales y comerciales nucleadas bajo sus respectivas cámaras, así como las demás organizaciones libres del pueblo, están llamadas a encabezar la contienda en la búsqueda del restablecimiento de un nuevo equilibrio equitativo entre los factores de la producción y el respeto por el trabajo humano y digno, desterrando lo que el Papa Francisco caracterizó como la “cultura del descarte”.

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Como Organización que representa a los Abogados del Estado, adherimos al pedido de su ratificación, compartiendo los postulados expresados en la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo.
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En el día de ayer, jueves 4 de junio, la Secretaria de Gestión y Empleo Público Dra. Ana Castellani recibió a la representación de la Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) encabezada por su Secretario General Dr. Rubén Ramos, en lo que constituye un paso fundamental para el quehacer de nuestra entidad sindical.
En dicho encuentro, la funcionaria se mostró altamente receptiva e interesada en conocer el estado de situación -tanto en lo institucional como en lo laboral- de los profesionales del derecho que prestan servicio en las distintas reparticiones públicas.

Dentro de un marco de diálogo abierto y cordial, hubo amplias coincidencias en lo atinente al rol que debe desempeñar el abogado estatal y a la necesidad de contar con servicios jurídicos de asesoramiento y representación en juicio eficientes en la defensa de los intereses públicos.

En esta línea, se abordaron temas tales como:

Fortalecimiento Institucional: En la mejora de las condiciones laborales     en el ejercicio de la abogacía pública.

Jerarquización de las tareas desarrolladas por los colegas, con el consiguiente reconocimiento de su dedicación y esfuerzo puestos al servicio del Estado Nacional a través de concursos periódicos y acceso a la planta Permanente.
 
Con el compromiso de mantener un diálogo permanente, la constitución de una agenda común y de mutua colaboración, siendo conscientes de la situación de emergencia por la que atraviesa nuestra Nación, manifestamos nuestro beneplácito por la reunión y la predisposición puesta de manifiesto por la Sra. Secretaria de Gestión y Empleo Público.
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Bajo estas premisas, invitamos a los colegas a colaborar en el crecimiento de nuestra entidad, en la esperanza de un futuro mejor. 
 
 

Nota editorial Dr. Gustavo E. Silva Tamayo

En los últimos días se dieron a conocer declaraciones de un encumbrado dirigente sindical que consideró que “no le resulta irracional una rebaja de sueldo del 20%”. Es el mismo representante gremial que propuso el retorno de los trabajadores estatales a sus puestos de trabajo.

En lo que al sector público se refiere, el salario nominal -en promedio- sufrió una pérdida del poder adquisitivo del 25 al 30% para el período 2015/19. Lejos de los aumentos que lograron las organizaciones sindicales en el ámbito privado. Estimación que aumenta si se tiene en cuenta el impacto de la canasta alimentaria -que aumentó más que el promedio- en los sueldos de la gran mayoría de los dependientes estatales, que los hizo descender por debajo de la línea de pobreza.

En estas condiciones, resulta inaceptable la reducción de los salarios de los agentes públicos, sea en la proporción que fuere.

Sin embargo, a esta altura, ya no llama la atención que la propuesta de reducción salarial, indudablemente contraria a los intereses de las personas a quienes pretende representar, pertenezca al mismo representante gremial que negoció con la anterior gestión aumentos salariales miserables.

Tampoco podemos coincidir con la idea de ese mismo sindicalista, de que los trabajadores estatales vuelvan a sus lugares de trabajo cuando, de acuerdo al criterio científico de todos los expertos epidemiológicos (entre ellos los que conforman la Comisión que asesora al Presidente de la Nación), se espera en los próximos días el punto más alto de contagios por COVID-19.

Por ello, esta Asociación Gremial coincide con el criterio adoptado por las autoridades gubernamentales de mantener el aislamiento social preventivo también de los trabajadores estatales, máxime teniendo en consideración que los empleados públicos, contrariamente a lo que se quiere hacer creer en ciertos medios de comunicación, continuamos trabajando en forma remota desde nuestras casas.

En virtud de todo lo expuesto esta Asociación Gremial manifiesta su más terminante oposición a cualquier propuesta de rebaja en los haberes de los agentes públicos, y apela a la sensibilidad y “racionalidad” demostrada por las autoridades gubernamentales para que hagan caso omiso de propuestas que carecen de justificación y nada tienen que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores.
 
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Por Alejandro Spessot

​“Uno de los deberes esenciales de las autoridades en este escenario de emergencia, con escala planetaria, radica en garantizar el uso adecuado de los fondos públicos disponibles para atenuar -y corregir si amerita- sus virtuales efectos negativos. Por cierto, en emergencias de la naturaleza como la que transitamos, los Estados deben responder a las necesidades que se presentan, lo que implica una mayor demanda de bienes y servicios para atenderlas satisfactoriamente, así como contar con disponibilidad presupuestaria para afrontarlas y no obstaculizar el desenvolvimiento de la actividad administrativa. En primer lugar y con el fin de describir la relevancia que cobra el tema, indicaremos las líneas sobre las que reflexionó una ronda de países convocada recientemente por Transparencia Internacional, frente a las consecuencias económicas y sociales que se presentan, desatadas por la pandemia que acecha actualmente al mundo. En segunda instancia, nos aproximaremos a la significancia de los principios que ordenan el régimen general de compras y contrataciones.”

Desde la Asociación Gremial de Abogados del Estado queremos compartir los principales lineamientos de la ECAE.
El flamante Director de la ECAE, Dr. Guido Leonardo Croxatto, presenta los principales lineamientos de esta nueva etapa que comienza en la institución. “Entendemos que ser un abogado o abogada eficaz del Estado supone mucho más que ser especialista en derecho administrativo”.

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Desde la Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) saludamos a las nuevas autoridades de la ECAE y a todo su equipo, deseándoles éxitos en su gestión.

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En su momento, esta entidad gremial formuló fuertes críticas a un régimen denominado “Alta Dirección Pública”, instrumentado mediante acta-acuerdo y homologado por Decreto 788/19 de la gestión saliente, cuya aplicación quedó suspendida por su similar 36/19 de las nuevas autoridades, medida esta última que recibió el beneplácito por parte de esta organización.
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Entre otros, uno de los agravios sostenidos tanto en sede judicial como frente a la opinión pública, consiste en una aviesa intención de crear una élite gerencial beneficiaria de un régimen de privilegio, una vergonzante garantía de estabilidad y escandalosas sumas de dinero como compensación en caso de discontinuidad soportadas por el erario público; es decir, por los contribuyentes.

Quedaban comprendidos dentro de este régimen todos aquellos agentes encuadrados en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), con exclusión de quienes ocupan cargos de naturaleza política.

En un contexto normativo diferente, la reticencia a presentar renuncias por parte de quienes ocupan posiciones políticas en Empresas del Estado y otros entes de la Administración Descentralizada difundida por estos días, se inscribe en la misma lógica que inspiró el acta-acuerdo: la permanencia en los cargos y el reclamo de insólitas “indemnizaciones” en caso de una disrupción laboral, con el agravante que se trata de cargos otorgados por razones políticas.

En el caso del acta-acuerdo aludida, una decisión acertada suspendió transitoriamente sus efectos; en los otros casos, debemos apelar a una actitud digna y racional de quienes deben entender que su misión ha concluido el 10 de diciembre último y que, más allá del encuadre normativo, se desempeñaron bajo lineamientos políticos que perdieron vigencia desde esa fecha.

En cualquier caso, lo que resulta necesario poner en claro es la lógica común que subyace en ambos supuestos: quienes se resisten a dejar sus puestos actúan en línea con lo que disponía el acta-acuerdo suspendida.

El martes 28 de enero del corriente, el señor Procurador del Tesoro de la Nación Dr. Carlos Alberto Zannini recibió a la representación de la Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) encabezada por su Secretario General Dr. Rubén Ramos, en lo que constituye un paso fundamental para el quehacer de nuestra entidad sindical.

En dicho encuentro, el funcionario se mostró altamente receptivo e interesado en conocer el estado de situación -tanto en lo institucional como en lo laboral- de los profesionales del derecho que prestan servicio en las distintas reparticiones públicas.

Dentro de un marco de diálogo abierto y cordial, hubo amplias coincidencias en lo atinente al rol que debe desempeñar el abogado estatal y a la necesidad de contar con servicios jurídicos de asesoramiento y representación en juicio eficientes en la defensa de los intereses públicos.

En esta línea, se abordaron temas tales como:

- Fortalecimiento Institucional: en apoyo y asistencia de las áreas jurídicas  estatales.

- Capacitación acorde a las funciones y responsabilidades, a través del amplio espacio de organizaciones académicas existentes.

- Jerarquización de las tareas desarrolladas por los colegas, con el consiguiente reconocimiento de su dedicación y esfuerzo puestos al servicio del Estado Nacional.

Con el compromiso de un diálogo permanente, la constitución de una agenda común y de mutua colaboración, siendo conscientes de la situación de emergencia por la que atraviesa nuestra Nación, manifestamos nuestro beneplácito por la reunión y la predisposición puesta de manifiesto por el Sr. Procurador del Tesoro de la Nación.

Bajo estas premisas, invitamos a los colegas a colaborar en el crecimiento de nuestra entidad, en la esperanza de un futuro mejor.

Mediante el Decreto 36/2019 se dispuso la suspensión por CIENTO OCHENTA  (180) días de su similar aludido en el epígrafe, convocando a su vez a la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, la que deberá reunirse en los próximos NOVENTA (90) días.

Mas allá de las restricciones presupuestarias que fundadamente se invocan, es importante señalar tres razones que se han tenido en la mira para la decisión: la interrupción y desigualdad en la carrera administrativa motivada en una desproporción de las escalas salariales, las condiciones menos exigentes para el ingreso que para otros niveles del sistema en vigor (SINEP) y el control de legalidad frente a eventuales irregularidades en el procedimiento administrativo que culminó con la suscripción de la medida cuyos efectos se suspenden.

El derecho a la carrera administrativa, indisolublemente ligado a las condiciones de ingreso a la misma, constituye uno de los pilares primigenios en los que se apoya un servicio civil eficaz y eficiente, brindando a sus dependientes la posibilidad de capacitarse para su promoción, aspirar a un horizonte de progreso económico y social; y sentirse parte integrante de una organización al servicio del bien común.

El resguardo de este derecho es una de las principales misiones de toda entidad sindical, por lo cual cualquier afectación al mismo debe ser advertido y rechazado: en otras palabras, constituye una de las razones fundamentales de la existencia de una representación gremial.

Y es precisamente en esta línea argumental donde se inscribe la acción judicial en curso, interpuesta por esta entidad sindical en el pasado mes de agosto, que considera seriamente agraviado tal derecho, en el entendimiento que merece su inmediata reparación por esa vía, sin abandonar la expectativa de que la cuestión encuentre una justa solución en la esfera ejecutiva de gobierno.

En un sentido más específico, la custodia del principio de legalidad de los actos estatales compete a sus abogados: junto a la defensa de los demás derechos, la razón de ser de nuestra organización es representarlos y asistirlos en todos los aspectos de su desarrollo profesional dentro de la organización estatal.

Sin perjuicio de las causas fundadas en razones de orden presupuestario, recibimos con beneplácito los demás motivos esgrimidos para la adopción de la medida comentada, y la convocatoria a una Comisión Negociadora a la que aspiramos ser invitados para expresar nuestra opinión en el marco de diálogo alentado por las nuevas autoridades gubernamentales.
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Desde la Jefatura de Gabinete sostuvieron que implica “una grave distorsión de los principios establecidos en relación con el empleo público"

El 27 de noviembre, Macri estableció por decreto un régimen que garantiza la estabilidad de cargos directivos nombrados en el Estado por un plazo de cinco años. La decisión se tomó a dos semanas de finalizar el mandato en acuerdo con una de las entidades sindicales representativas del sector. En esa oportunidad, tanto ATE como AGAE se opusieron a la medida.

El Gobierno suspenderá en las próximas horas el régimen de privilegio para funcionarios establecido recientemente por la administración del ex presidente Mauricio Macri. Así se lo confirmaron a la agencia Télam desde la Jefatura de Gabinete.

La secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, Ana Castellani, destacó este jueves que el Decreto 788 del año 2019, firmado por la administración saliente días antes de abandonar el gobierno, implica “una grave distorsión de los principios establecidos en relación con el Empleo Público, afectando derechos y deberes de empleados y funcionarios y atentando contra los recursos del Estado”.

EN ESE SENTIDO - El secretario general de La Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) RUBEN RAMOS, viene rechazando públicamente la medida que será suspendida en breve, la que fue objeto incluso de una impugnación ¨en la Justicia interpuesta por dicha organización gremial.¨
 
Entre los muchos cuestionamientos, se sostiene que el régimen aprobado por la administración anterior contiene requisitos de aptitud técnica y profesional “mucho más laxos que el vigente y un sistema salarial desproporcionadamente alto”, ha sido pergeñado con la obvia intención de facilitar la permanencia de los funcionarios designados discrecionalmente por el gobierno saliente".

La AGAE como siempre estará al lado de los abogados del Estado y los trabajadores.

En agosto de este año, denunciamos públicamente un acta que, bajo el ostentoso título “Alta Dirección Pública”, intenta consagrar un régimen de ingreso a cargos directivos con exigencias mucho más laxas de idoneidad técnica y profesional que el vigente, un sistema de remuneraciones desproporcionadamente alto con respecto al resto, y otro indemnizatorio inédito para el caso de pérdida de la función -con retención de categoría-, pergeñado con la obvia intención de facilitar la permanencia de los funcionarios designados discrecionalmente por el Gobierno saliente.

Este artero ataque a la carrera administrativa, no sólo la de nuestros colegas sino la del resto de los agentes públicos, urdido en connivencia con una organización gremial cuyo desempeño viene dando muestras de desvergüenza fue judicializada por esta organización gremial por afectar gravemente el “derecho a la carrera” consagrado en la Constitución Nacional y Tratados Internacionales.
Pues bien, mediante Decreto 788/2019, el Poder Ejecutivo Nacional acaba de homologar la referida acta-acuerdo, que instituye ese bochornoso régimen a partir del 1º de enero del año próximo.

Para entender mejor de qué se trata, es útil contextualizar lo descripto: el acuerdo fue firmado poco antes de las elecciones del 27 de octubre, mientras que su homologación se produce a dos semanas de la asunción de las nuevas autoridades de Gobierno. 

La pregunta obvia es: ¿hay algún límite moral en un proceso de transición de la entrega del poder? ¿Es aceptable éticamente que un gobierno disponga medidas de fondo como la comentada a muy escaso tiempo de su finalización?
Nosotros creemos que el límite es la prudencia: una virtud que por estos tiempos parece no abundar.

Tan detestable y malsano como la falta de prudencia es el “oportunismo” que por otro lado algunos practican con arrogancia habitual, suscribiendo acuerdos espurios que buscan beneficiar sus propios e inconfesables intereses, muy alejados de la defensa de los derechos de los agentes estatales.

Confiamos en la predisposición al diálogo que se anuncia para los tiempos que vienen por parte de las autoridades entrantes, dejando atrás decisiones tomadas a espaldas de los intereses de los trabajadores.